El pasado mes de diciembre entró en vigor la nueva ley 9/2018 de 5 de diciembre por la que se modifica, entre otras, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Esta nueva ley implica que aquellos proyectos cuya Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 se deberán someter a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la DIA.
En dicha revisión es muy probable que la Administración solicite la información de los términos previstos en el artículo 35 de la nueva ley no contemplados en la antigua ley 21/2013:
“Art 35: d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.
Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto.”
Para analizar esa situación de riesgo de catástrofe y evaluar si es pertinente realizar estos estudios, o si por el contrario es mejor realizar un informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado a un proyecto dado, se puede recurrir, aparte de las propias características del propio proyecto, a las siguientes fuentes de información.
El Instituto Geográfico Nacional proporciona datos históricos obtenidos desde 1924 a 2015 sobre eventos sísmicos, clasificados según su magnitud y profundidad, que permiten conocer en una primera aproximación la baja o alta probabilidad de un siniestro sísmico.
Pero si se quiere conocer el grado de peligrosidad el IGN dispone también de un mapa de Peligrosidad Sísmica en España que indica esa probabilidad en un periodo de retorno de 475 años.
De esta manera podemos saber si la localización de nuestro proyecto en proceso de Evaluación Ambiental está en una zona de mayor o menor riesgo sísmico.
Otro factor que hay que evaluar para analizar los riesgos de catástrofe, es conocer si la zona de estudio está afectada o no por riesgo de inundación.
La Comisión Europea aprobó en noviembre de 2007 la Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones que ha sido transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Esta legislación propició la creación de un mapa de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Se definen como ARPSIs aquellas zonas en las que existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI).
La delimitación de las ARPSIs se realiza sobre la base de la evaluación preliminar del riesgo inundación, que se elabora a partir de la información fácilmente disponible, como datos registrados y estudios de evolución a largo plazo, incluyendo el impacto del cambio climático, y teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, la existencia de infraestructuras y actividades para protección frente a inundaciones y la información suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y por las Administraciones competentes en la materia.
Un ejemplo de ARPSIs es el mapa elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana donde se establece tanto la peligrosidad como el riesgo de inundación en la cuenca del río Guadiana.
Otros riesgos que se pueden evaluar en este apartado son:
- Riesgos de incendio
- Vulnerabilidad de edificios o edificaciones
- Presencia de depósitos de combustible
- Probabilidad de catástrofe aérea.
Es este último punto, trabajado específicamente para el Proyecto de Evaluación Ambiental de la Construcción de un Aeródromo en Extremadura, evalúa el riesgo de impacto con la fauna en general y con el grupo faunístico de las aves en particular.
Basándonos en el número de Incidentes de Tránsito Aéreo (ITA) – ocurridos en espacio aéreo o territorio nacional y/o protagonizados por operadores españoles, con independencia en el estado donde ocurren – catalogados como golpes de aves en la Memoria Anual SNS-CEANITA de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y atendiendo a las unidades de exposición sobre Entorno Aeroportuario y Factores Externos del citado informe, se puede definir diferentes indicadores de tasas colisión dependiendo del suceso considerado.
Estos cálculos permiten conocer la tasa de riesgo de colisión y junto con el número de vuelos, las medidas preventivas y correctoras propuestas para evitar colisiones con la fauna, permiten evaluar la probabilidad de ocurrencia de un episodio de catástrofe o accidente.
Todos estos trabajos permiten responder a lo articulado en el Art.35 de la cita Ley 9/2018 de 5 de diciembre sobre la Evaluación Ambiental.
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